El Protocolo Relativo a la Contaminación Procedente de Fuentes y Actividades Terrestres (Protocolo FTCM) del Convenio de Cartagena se adoptó en Oranjestad, Aruba, el 6 de octubre de 1999.
Este Protocolo es el acuerdo más importante de su tipo. Incluye limitaciones regionales para los efluentes de aguas residuales domésticas (aguas negras) y exige la elaboración de planes para abordar las fuentes difusas de contaminación agrícola. También incluye calendarios específicos para su implementación.
El Protocolo entró en vigor el 13 de agosto de 2010. El proyecto GEF CReW+ ha apoyado al Protocolo FTCM a traves del desarrollo de los siguientes productos:
Este documento detalla los esfuerzos bajo el Convenio de Cartagena y el Protocolo FTCM para proteger el Mar Caribe mediante la implementación de sistemas de clasificación de aguas costeras y marinas. Los centros regionales RAC IMA y RAC CIMAB evaluaron la legislación de veinte países. Finalmente, el documento propone directrices basadas en lecciones internacionales para armonizar los marcos legales, mejorar el monitoreo y fortalecer la rehabilitación ambiental en toda la Región del Gran Caribe.
Propuesta técnica en el marco del Proyecto CReW+ y el Convenio de Cartagena para actualizar el Protocolo FTCM, con el fin de establecer criterios más estrictos sobre el vertido de aguas residuales domésticas y fomentar su reutilización en la región del Gran Caribe. Se enfatiza la urgencia de regular los flujos de nitrógeno y fósforo, advirtiendo la alteración de ciclos biogeoquímicos, lo que representa un alto riesgo ambiental. A través de estudios de caso en pequeños estados insulares con escasez hídrica, se busca mitigar la contaminación y promover una gestión sostenible del agua regenerada frente a la crisis de nutrientes a nivel global.
El Protocolo FTCM busca fortalecer la regulación de nitrógeno (N) y fósforo (P) en la región del Caribe para combatir la eutrofización, ya que los límites actuales de aguas residuales domésticas omiten estos nutrientes. Tras un análisis realizado por el IMA y el CIMAB sobre la legislación de veinte países, se detectó una falta de uniformidad en los criterios de descarga y la necesidad de estandarizar qué compuestos se regulan. Basándose en modelos internacionales como los de Australia y la Unión Europea, se han propuesto límites específicos de N y P para aguas de Clase I y II, estableciendo así un marco inicial para proteger los ecosistemas marinos y mejorar la gestión ambiental regional.
La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) busca equilibrar el bienestar socioeconómico con la sostenibilidad de los ecosistemas, abordando de forma coordinada el manejo del agua, el suelo y los contaminantes de origen humano que impactan desde las cuencas hasta las costas. A pesar de su importancia, la región del Gran Caribe enfrenta barreras críticas para su implementación, como la falta de financiamiento y una gobernanza fragmentada, por lo que centros regionales como el IMA y el CIMAB proponen integrar este enfoque en el Convenio de Cartagena.